Después de más de 3 años de discusión y debate fue sancionada la «Ley Uber» en el senado – luego de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados – por una mayoría apabullante: unos 39 votos a favor, unas 3 abstenciones y sólo un voto en contra. Ahora se abre un proceso hasta el 30 de agosto para recibir recomendaciones de los usuarios, los conductores y también de las empresas – estas últimas han manifestado cierta preocupación por regulaciones que entienden aumentarán los costos de funcionamiento – para terminar de definir esta regulación que por ahora es de vanguardia en la región.
El proyecto de ley busca regularizar todas las plataformas de transporte entre las que se destaca Uber, pero también Cabify y tantas otras como la china DiDi de pronto aterrizaje en el país trasandino. Básicamente la ley definirá a las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) como personas jurídicas que ponen a disposición de los usuarios un servicio que posibilita a una persona contactar con un conductor para ser trasladado desde un lugar a otro. Entre las exigencias de las empresas para poder operar se encuentra el estar radicado legalmente en Chile, tener un sistema de reclamos y denuncias, darse de alta en el Servicio Interno de Impuestos y tener contratados seguros de responsabilidad civil y de vida tanto para conductores como para pasajeros.
Ahora se abre un proceso hasta el 30 de agosto para recibir recomendaciones de los usuarios, los conductores y también de las empresas
Algunas de las exigencias hacia los conductores consisten en la obligatoriedad de que tengan registro de conducir profesional e inhabilitar a serlo a aquellas personas que hayan sido condenadas por algún delito de índole sexual. Por otra parte tendrán un plazo de 3 meses para inscribirse en un registro público cuyo plazo de apertura durará 12 meses. Los vehículos tendrán las mismas exigencias en materia de seguridad, antigüedad y tecnología que los taxis comunes y tendrán que tener una identificación específica para poder transitar.
Básicamente la ley definirá a las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) como personas jurídicas que ponen a disposición de los usuarios un servicio que posibilita a una persona contactar con un conductor para ser trasladado desde un lugar a otro
Por otra parte los usuarios que utilicen servicios no habilitados tendrán que pagar multas. Las plataformas han manifestado algunas quejas afirmando que el 80 % de sus conductores no cumplen con los requisitos y que es improbable que puedan cumplirlos. Afirman que la mayoría son personas que utilizan este trabajo para complementar sus otros ingresos y que es improbable que resulte rentable cumplir con todas las exigencias que estipula la ley Uber. La discusión seguirá durante todo este mes, pero no pareciera estar terminando ni en Chile ni en el resto del mundo.
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