Written by 5:44 PM OPINIÓN

Integración del sistema de salud argentino: Un debate necesario.

sistema de salud argentino

El desafío de alcanzar un Sistema de salud argentino Integral no es novedosa en la historia de nuestro país, ya que existen dos antecedentes que han evidenciado los intereses y las dificultades de avanzar en esa dirección: el proyecto del Sistema Nacional Integral de Salud (SNIS), presentado en 1973, durante el gobierno de Perón, y el Seguro Nacional de Salud, presentado en 1985, durante el gobierno de Alfonsín. Ambos proyectos fueron resistidos por las corporaciones del sector de salud, que impidieron y bloquearon cualquier avance en ese sentido.

El propósito de integrar un sistema de salud es lograr una sociedad más justa e igualitaria; no hay buena salud individual si no se vive en una sociedad atenta y preocupada por responder a las necesidades de su población. Para alcanzar esta meta se necesita lograr, entre otros aspectos, el Acceso Universal al Sistema; esto implica el acceso al cuidado en salud de toda persona que lo requiera. Se necesita también alcanzar la equidad. En este sentido, el acceso a la atención universal de salud requiere fuertes sistemas de administración pública, los cuales deben adherirse a principios comunes: financiamiento justo, asignación equitativa de recursos, riesgos compartidos y solidaridad social en la provisión de servicios a través de unidades geográficas de administración, y rendición de cuentas públicas mediante fuertes sistemas de información y de vigilancia (Pollock, 2016, p.8).

EL ACTUAL ESTADO DEL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO

El Sistema de Salud Argentino está compuesto por tres subsectores: (Seguridad Social/Obras Sociales, Privado y Público) que interactúan de forma poco articulada a nivel intra e interjurisdiccional.

La fragmentación y la complejidad del actual sistema de salud es producto de la convivencia de estos tres subsistemas que no sólo falla en alcanzar una cobertura y extensión de las prestaciones médico-asistenciales adecuadas, sino que genera grandes inequidades en salud.

La seguridad social en nuestro país se configura bajo la forma de obras sociales. Este subsector se subdivide en las obras sociales nacionales (regidas por las leyes 23.660 y 23.661), las provinciales y las obras sociales de instituciones de alcance nacional como las fuerzas armadas y las universidades. Este subsector incluye también al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP-PAMI) que, con un sistema de prestación particular, conforma la obra social más grande del país. Otorga cobertura a 5 millones de afiliados y afiliadas (PAMI, 2021).

Todas las obras sociales se financian principalmente con los aportes y contribuciones que realizan trabajadoras/es y empleadoras/es. El Estado también participa en el financiamiento de las obras sociales a través del Fondo Solidario de Redistribución (creado por la Ley 18.610/70 y busca subsidiar a aquellas obras sociales con dificultades para ofrecer las prestaciones mínimas obligatorias -definidas desde 1996 a partir del Programa Médico Obligatorio- y compensar las desigualdades del sistema).

  1. Las Obras Sociales Nacionales: Tienen la obligación de garantizar la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO), que consiste en un conjunto de prestaciones que incluye, entre otros servicios: cobertura de asistencia médica, tratamientos farmacológicos agudos y crónicos y cobertura ante situaciones de discapacidad. Las obras sociales provinciales e institucionales del subsector de seguridad social tienen sus propios mecanismos de cobertura y diferentes modelos de atención. Cada una desarrolla su programa análogo al PMO, reguladas por los poderes judiciales de los niveles administrativos correspondientes (justicia provincial y Ministerio de salud provincial).
  2. El subsector privado cubre alrededor de 6 millones de personas (13,6% de la población), incluyendo a trabajadoras/es que optan por destinar sus aportes a las EMP o cuentan con doble cobertura. La regulación de las EMP se realiza a través de la SSS. Los principales aspectos regulados se refieren a las coberturas mínimas que deben ser ofrecidas por las empresas, al control de aumentos de cuotas, a la cobertura de las enfermedades preexistentes, a los períodos de carencia en las prestaciones, y al desarrollo y monitoreo de los sistemas de registros y de información.
  3. El subsector público, conformado por los efectores públicos y organizado en sus tres niveles jurisdiccionales, es el garante de la salud de las y los habitantes de Argentina. Si bien toda la población tiene derecho a atenderse en este subsector, solo alrededor de 15 millones de personas recurren a este ya que no cuentan con cobertura de la seguridad social. Si bien el acceso a este sistema es de carácter universal los recursos destinados al mismo no contemplan la atención efectiva a toda la población.

La fragmentación y la complejidad del actual sistema de salud es producto de la convivencia de estos tres subsistemas que no sólo falla en alcanzar una cobertura y extensión de las prestaciones médico-asistenciales adecuadas, sino que genera grandes inequidades en salud.

CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SALUD:

El principal desafío es construir un debate democrático a fondo, que garantice la participación de las y los actores del sistema de salud y de las diversas organizaciones sociales que se sientan convocadas.

El debate debe poner en juego el principio de integralidad, teniendo como eje garantizar la continuidad de la atención desde el campo comunitario hasta los diferentes niveles de complejidad del sistema de servicios de salud así como la articulación de un conjunto de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida. Una integración que no es estatización sino articulación y solidaridad entre las diversas organizaciones que componen el sistema de salud argentino. En este sentido, será necesario plantear una mejor regulación. Regulación que no es sinónimo de mayor riesgo empresarial ni de inviabilidad de la actividad económica del sector salud. Por el contrario, una regulación limitada y deficiente redunda en una solidaridad invertida, en la cual ante la negativa de prestaciones del subsector privado y de las obras sociales, el subsector público actúa como reaseguro. Es decir que las fallas del privado repercuten en el público.

Las principales trabas que encontraron los proyectos de sistemas de salud universales han sido las resistencias de los actores corporativos con mayor poder en los espacios de toma de decisión. Es por esto, que el debate sobre un nuevo sistema de salud es un debate de interés público y requiere de la construcción de consensos amplios y duraderos que expresen lo que la sociedad considera un sistema de salud adecuado.

El contenido del debate debería estar orientado a discutir, entre otras cosas: cuál es la dimensión adecuada de cada subsector y cuáles son las diferencias admisibles entre éstos; cómo lograr un comportamiento solidario del subsector privado y contribuir a la equidad de nuestro sistema; qué diferencias en el acceso a la salud estamos en condiciones de aceptar como sociedad, etcétera. La distribución más equitativa de recursos requiere de un compromiso político y colectivo.

(Visited 142 times, 1 visits today)
Etiquetas: , , , Last modified: 24 junio, 2021
Close