En una decisión escandalosa y violatoria de un sinnúmero de tratados internacionales el Congreso del Estado de Nuevo León ha reformado su Ley Estatal de Salud para habilitar a cualquier médico a hacer uso de la «objeción de conciencia». Esto último podría significar que decida no atender a un miembro de la comunidad LGBT o realizar alguna práctica u actividad que no comulgue con la ética, valores o religión, sin que ello signifique una sanción legal o la violación de los derechos del paciente. En las últimas horas el Secretario de Salud del Estado ha afirmado que vetará la norma por considerarla discriminatoria: “Vamos a vetar esa iniciativa, por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la Ley», afirmó.
Este tema ha sido largamente discutido en todo el mundo. Es evidente que nadie puede ser obligado en su faceta privada a desempeñarse como le parezca – aunque se pueda discutir la violación del juramente hipocrático – pero lo que también es evidente es que las instituciones públicas – financiadas por todos los ciudadanos – tienen la obligación de no discriminar en ningún sentido a sus propios habitantes. Es claro que la norma dictada resulta violatoria de la propia constitución mexicana y de la declaración universal de derechos humanos y constituye un delirio jurídico.
En las últimas horas el Secretario de Salud del Estado ha afirmado que vetará la norma por considerarla discriminatoria: “Vamos a vetar esa iniciativa, por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la Ley», afirmó.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ya alertó sobre lo polémica de la reforma de la ley y la incorporación de la figura de «Objeción de conciencia». El organismo además exhortó a todas las autoridades a que tengan presente la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Es probable que las instancias judiciales revean esta reforma. Es bastante evidente que este tema tiene como trasfondo la intención de algunos sectores del gobierno de López Obrador de avanzar en la legalización del aborto. En Ciudad de México ha sido despenalizado en el 2017 y este año también en el Estado de Oaxaca, se espera que otros estados avancen en esta dirección y por eso el Congreso Estatal de Nuevo León se apuró a dictar esta norma.
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