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El Estado, y no la industria, es quien debe luchar contra la epidemia de la obesidad infantil

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La obesidad infanto-juvenil es un problema grave para la salud pública de nuestro país. Tres de cada diez chicos de entre 13 a 15 años tienen exceso de peso, en base a las últimas encuestas disponibles. Se trata de una enfermedad que no sólo afecta la calidad de vida y el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) sino que también amenaza su desarrollo futuro como miembros activos de la sociedad ya que genera futuras potenciales discapacidades y limitaciones en su desempeño laboral y personal. Además, la mayoría de los NNyA afectados por el exceso de peso viven en la pobreza, lo cual también implica una gran barrera para la igualdad. Según un estudio que hicimos en FIC Argentina junto a UNICEF, el sobrepeso es 31% más frecuente entre los chicos de nivel socioeconómico más bajo.

Otras cifras disponibles también dan cuenta de este panorama preocupante: la Argentina está entre los países que más bebidas azucaradas consumen en el mundo. Además, consumimos el triple de la cantidad de azúcar recomendada por día y casi el doble de sal. Estas elecciones de consumo están condicionadas, entre otras cosas, por el entorno en el que vivimos. Los más chicos, por ejemplo, transitan ámbitos como la escuela donde predomina el fácil acceso a productos altos en grasas, azúcar y sal. Esto, sin lugar a dudas, condiciona sus hábitos de consumo y los pedidos a sus padres, madres y cuidadores. Lo mismo sucede con el bombardeo de publicidad de alimentos que los NNyA reciben tanto en kioscos, como en la televisión y las redes sociales. En FIC Argentina hicimos una investigación que demostró que 9 de cada 10 alimentos publicitados en los cortes de los programas infantiles de TV son productos con baja calidad nutricional y alto valor calórico. Muchas de estas publicidades, además, usan personajes animados o deportistas famosos para atraer la atención de los chicos y convertirlos en consumidores. Y lo logran.  

Para proteger a los NNyA ante estas acciones de las empresas de bebidas y alimentos no saludables y, en consecuencia, prevenir la obesidad infanto-juvenil la acción del Estado es la única alternativa efectiva. Las medidas individuales como elegir alimentos saludables a la hora de la compra son necesarias pero no suficientes. Es el Estado quien debe garantizar el derecho a la salud y a la alimentación adecuada y quién tiene la capacidad de modificar los entornos en los cuales los NNyA viven. Esto se logra a través del diseño e implementación de un paquete de medidas que favorezcan un mayor acceso y disponibilidad de alimentos sanos y naturales en los entornos, que generen más oportunidades y espacios apropiados para hacer actividad física y por medio de políticas que restrinjan la publicidad de productos no saludables, entre otras medidas.

Lamentablemente, durante los últimos años y mientras el sobrepeso y la obesidad crecen en todos los grupos etáreos, la voluntad política en Argentina tomó el camino inverso. No se sancionó ninguna normativa que busque controlar la epidemia, mientras que las empresas productoras de bebidas y alimentos no saludables fueron ganando mayor territorio, incluso en ámbitos que el Estado debería regular. Por ejemplo, en materia de publicidad de productos no saludables, a fines de 2018, las empresas agrupadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) anunciaron el lanzamiento de un programa de autorregulación publicitaria de sus productos con foco en niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué esto es preocupante? Primero, porque no solo hay ausencia del Estado en cuanto a la falta de una política concreta sobre regulación de la publicidad de productos no saludables, sino que además es el mismo Estado quien apoyó públicamente esta iniciativa del sector privado. La Secretaría de Agroindustria, por ejemplo, se mostró en la presentación avalando el programa. Además desde la Secretaría de Salud no hubo ningún pronunciamiento al respecto aun cuando ya ha sido más que demostrado que estas iniciativas de autorregulación no son efectivas y no implican una mejora en la calidad nutricional de los productos publicitados. Esto se debe a que este tipo de programas suelen ser muy laxos y permisivos en cuanto a sus criterios.

En este mismo sentido, todas las iniciativas que surgen desde el Poder Ejecutivo Nacional para prevenir la obesidad infantil son discutidas y consensuadas en mesas de trabajo donde participa COPAL. La voluntad política de consensuar con las empresas se traduce directamente en la falta de adopción de medidas efectivas y la causa principal es el conflicto de interés existente entre la industria y la salud pública. Los intereses de las grandes corporaciones de alimentos deben quedar de lado al momento de decidir líneas de acción contra la obesidad infantil ya que en estas empresas prima el interés económico que obstaculiza cualquier iniciativa que pueda generar una reducción en el consumo de sus productos.

Tenemos la evidencia que refleja cuáles son las medidas más adecuadas para combatir la epidemia, tenemos el caso de algunos países como Chile, que avanzó con políticas públicas que restringen la publicidad de estos productos, ¿por qué entonces el Estado Argentino avala iniciativas de las empresas que no son efectivas? ¿Por qué el Estado no promueve normativa para proteger el derecho a la salud?

Mientras exista esta complicidad entre el Estado y las empresas que producen bebidas y alimentos no saludables, no será posible avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas que efectivamente prevengan y controlen el sobrepeso y la obesidad infantil.

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Etiquetas: , , , , , , Last modified: 4 julio, 2019
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